miércoles, 19 de noviembre de 2008

Garzón se inhibe de investigar desapariciones del franquismo

Magistrado declara extinguida la responsabilidad penal del dictador y otros altos mandos.
MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón renunció ayer a seguir investigando las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo, pasando la investigación a juzgados territoriales.

En su auto, Garzón declara extinguida la responsabilidad penal del general Francisco Franco y otros 44 altos mandos de su gobierno, tras comprobar que todos murieron.

Garzón archivó el caso en la Audiencia Nacional y lo traspasó a los juzgados de instrucción de las localidades de 20 provincias donde están ubicadas las fosas ya identificadas.

El magistrado levantó polémica en ciertos sectores de la sociedad al declararse competente para investigar esta causa, una decisión que fue recurrida por la Fiscalía y sobre la que debía pronunciarse la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional.

No obstante, el último auto de Garzón podría ser recurrido por alguna de las partes en la causa, que no descartan incluso acudir a los tribunales europeos.

“No se puede decir casi nunca que es el final. Los abogados de la plataforma que planteó la demanda están ahora mismo examinando esto y estudiando para ver qué se puede hacer”, declaró Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a la Cadena Ser.

“Habrá que agotar los tribunales españoles pero si queda así, iremos a los tribunales europeos”, señaló por su parte María Antonia Oliver, presidenta de la asociación en Baleares.

Garzón, quien se ha inhibido del caso un mes después de declararse competente para investigar los presuntos delitos de “detención ilegal” que consideró entraban en el contexto de crímenes contra la humanidad, ya ha recibido los nombres de más de 114,000 personas desaparecidas durante el período que va de 1936 a 1939 y hasta diciembre de 1951. AGENCIAS

El dato
Según Garzón desde mediados de los años 30 existió en España un “plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas”.

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